Del alud de bajas a los interinos: una Administración al límite en cinco datos

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras recibir la cartera de Función Pública de manos de su antecesor en el cargo, Miquel Iceta.

El 66% de los empleados en la AGE se retirarán antes de 2030 y las pruebas de acceso son insuficientes y dejan plazas sin cubrir. Cualquier solución que se dé a los interinos será un agravio para los funcionarios.

La plantilla pública, clave para prestar servicios esenciales a los ciudadanos, vive un momento crítico por el envejecimiento de sus efectivos, por leyes con efectos retroactivos no deseados, por criterios de contratación y acceso dispares y por la heterogeneidad de perfiles y condiciones laborales que tienen sus empleados, muchas veces realizando idéntico trabajo. La entrada masiva en la década de los 80 de la mayor parte de los actuales funcionarios provocará en los próximos años un aluvión de salidas, que solo en la Administración General del Estado (AGE) afectarán a más de la mitad de sus empleados actuales, sin tener en cuenta Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La crisis generada por la pandemia del coronavirus ha dejado la imagen de un empleo público en aumento, sobre todo por las necesidades sanitarias, y uno privado desplomándose, aunque en menor medida que en la crisis de 2008. Sin embargo, ese incremento resulta un espejismo, ya que ha venido casi en su totalidad de la incorporación de personal interino, tanto en sanidad como en educación, así como en otros servicios prioritarios. Si bien es cierto que algunos interinos pasan décadas en la Administración, la mayoría ocupan su puesto durante un periodo corto de tiempo y dentro de los márgenes legales.

La Administración urge una reforma, cuyo esbozo dejó plasmado el anterior responsable del área de Función Pública, Miquel Iceta, en el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido a Bruselas hace cuatro meses. Los cambios propuestos por Iceta suponían un lavado de cara total de la Administración, con el objetivo de atraer jóvenes, que han perdido el interés por ser funcionarios, al sector público; pescar en los Servicios Públicos de Empleo y en la Universidad para captar talento; e incluso becarlos, con una ayuda que acabe con las barreras económicas para opositar. El cebo, unas oposiciones ‘light’, alejadas de la memorísticas que priman actualmente, en las que la teoría apenas contaría frente a la práctica y las actitudes, que serían determinantes para el acceso.

Sin embargo, en el camino para una transformación casi radical de las administraciones hay demasiados obstáculos, un pasado de improvisación y vicios asentados que no facilitarán la tarea. Desde unas oposiciones que no logran cubrir las bajas de plazas por jubilación, a una plantilla de 659.000 interinos que en breve conocerán su futuro, pasando por un proceso de jubilación masivo, pero sobre todo el envejecimiento de efectivos, con un media de edad de 52 años en la Administración General del Estado (AGE). Hasta cinco pequeñas radiografías dan pistas de los problemas más graves, que además son consecuencia unos de otros.

Un aluvión de jubilaciones a los 60

La falta de personal; la burocracia, agravada por la Covid; y la dependencia tecnología de una Administración expuesta a los ciberataques, ha quedado patente en uno de los organismos más envejecidos de la AGE, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según un reciente informe elaborado por Función Pública, un 66% de los 230.000 empleados en la Administración del Estado tiene 50 años o más. Más de 93.000 son funcionarios que en 2030 habrán cumplido 60 años, una edad a la que tienen abierta la puerta al retiro sin penalización. Mientras, en torno a 50.000 es personal interino, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, y un alto porcentaje tendrá la edad legal para jubilarse voluntariamente o a la edad ordinaria antes de diez años.

La AGE es con diferencia las área más envejecida, pero las comunidades, que gestionan la educación, se enfrentarán en breve problema con los profesores, un colectivo en el que además asume un número muy elevado de interinos. La limitación de las tasas de reposición, que puso en marcha el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como medida de austeridad frente la crisis y llevó al límite Mariano Rajoy, sin que las administraciones pudiesen cubrir baja alguna, ha dejado una huella profunda en la Función Pública y es una de las causas del desolador panorama. Mientras, en el caso de los profesores, el fin de los incentivos -18.000 euros- por retirarse a los 60 con el 100%, que desaparecieron en 2011, han generado ahora un plantilla con una edad muy elevada y que muchos docentes estén al borde de la jubilación.

Oposiciones ‘light’ y plazas sin cubrir

El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba la semana pasada la que es considerada mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la historia, sin embargo y pese a la euforia, no será suficiente para cubrir todas las bajas generadas en los últimos años, y en la Seguridad Social y SEPE, dos organismos sobrecargados de trabajo por los nuevos subsidios y ayudas, quedarán sin cubrir un millar de puestos, según los sindicatos. Las centrales que representan a los funcionarios auguran que serán necesarios 20 años de OPEs de récord para recuperar la normalidad. 

Junto a esto, las pruebas para acceder a la Administración requieren un cambio profundo que atraiga a los universitarios, sobre todo, cada vez más reacios a realizar unas oposiciones con ejercicios interminables, en las que no pueden demostrar sus aptitudes, su capacidad de liderazgo o sus respuestas ante situaciones difíciles o de estrés, y que además suponen una pérdida muy valiosa de tiempo y dinero. Junto a esto, numerosas plazas quedaron sin cubrir. En las últimas oposiciones para profesores un 10% siguieron vacantes. Las oposiciones ‘difíciles’ quedan en muchos casos desiertas.

La difícil solución de la interinidad

La temporalidad en las administraciones, que ronda el 30%, pasa por ser uno de los problemas más importantes que afronta el Estado, los ayuntamientos, pero sobre todo las comunidades autónomas. Su elevado volumen, en muchos casos innecesario, contribuye a la incertidumbre laboral de estos efectivos y a reducir la productividad. Los interinos, algunos con décadas en la Administración, esperan el decreto que pretende reducir la eventualidad al 8% impulsado por el Gobierno y que tras su paso por el Congreso sufriera los cambios pactados con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para dar su apoyo, in extremis, a la ley, que salió aprobada por el Parlamento por la mínima.

Quede como quede el texto final, los funcionarios de carrera, que no solo han aprobado una oposición para lograr su puesto, sino que han conseguido la nota marcada, normalmente superior, para conseguirlo, se sentirán agraviados. Un número importante de los interinos que trabajan en las administraciones autonómicas, sobre todo profesores y sanitarios, sacaron cero en el examen de acceso y no tiene puntos de méritos, pero si un puesto. Si se les permite acceder a él solo con un examen, algunos proceden incluso de bolsas de empleo, supondría una barrera para los funcionarios a los que le gustaría optar por esa plaza. De la misma forma, si finalmente se da el puesto de funcionario sin oposición, por haber permanecido en el mismo  diez años, se daría pie a un agravio importante y una situación que podría ser incluso ilegal.

Burocracia y falta de personal

El SEPE y la Seguridad Social vuelven a representar los grandes males que padece la Administración, en este caso la burocracia. La crisis sanitaria ha propiciado nuevas ayudas y subsidios y ha generado mayor demanda de las que ya estaban vigentes, sobre todo las relacionadas con el desempleo. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto una pesada carga en un organismo saturado, con unos empleados con una media de edad de 50 años, con alto porcentaje de interinos, con sueldos bajos y que, además, ha experimentado un recorte de plantilla de un 35% durante la última década.

El organismo público, que ahora gestiona casi un millón de prestaciones de desempleo contributivas, casi 1,2 millones de subsidios y rentas y en torno a 900.000 ERTEs está en una situación crítica. En abril, los plazos para reconocimiento del desempleo rondaban los seis día, frente a los 1,1 de febrero de 2020, pero en las provincias de Barcelona Madrid superan los 17 en el primer caso y rondan los 13 en el segundo. En junio de 2020 se triplicaron las demoras en el reconocimiento de la prestación, tras un aumento de las altas de prestaciones superior al 378% con respecto al mismo mes del año anterior y un número de beneficiarios que más que se duplicó. Los picos más altos se dieron en noviembre de 2020 y en enero de este año, con un tiempo medio de respuesta cercano a 7,40 días.

Las brechas laborales en las AAPP

Además de las diferencias contractuales de los tres grandes colectivos de la Administración –funcionarios, laborales e interinos– que se jubilan de distinta forma y a diferente edad, tienen diferentes sueldos incluso con trabajos similares y pueden ser despedidos o no, la brecha de género también persiste en la Administración, además de las territoriales. Según un reciente informe de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) las diferencias salariales entre empleados y empleadas públicas ronda el 23%. Junto a esto, la administración para la que se trabaja determina en buena medida las condiciones laborales y el sueldo, que puede ser hasta un 25% superior dependiendo de la comunidad en la que se trabaje. 

El personal de Justicia de comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, que no tienen la competencia transferida, cobra hasta 8.000 euros menos que en las autonomías que si la gestionan, según datos de la Unión General de Trabajadores (UGT). Prisiones -hasta 600 euros mensuales de diferencia-, policías, pero sobre todo en la área sanitaria existen profundas brechas territoriales . Un médico especialista en el País Vasco gana 14.000 euros al año más que uno de Murcia, la comunidad con los sueldos más bajos. Un Mosso de’Esquadra o un agente de Ertzaintza cobra hasta un 20% más que un policía nacional. Mientras, entre los funcionarios A1, los catalanes superan los 65.000 euros de media, mientras los extremeños apenas llegan a los 38.000.

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