Pocos funcionarios, mayores y un muro contra el paro… Así ve la OCDE a España

Los trabajadores públicos temporales se movilizan y ahora plantean una huelga

La plantilla pública representa algo más del 15%, frente al 30% de los países nórdicos. En solo cinco años, los efectivos con más de 55 años han aumentado diez puntos y ya suponen prácticamente la mitad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 36 países desarrollados, ha realizado su diagnóstico anual sobre el papel y la evolución de los servicios públicos en estas naciones. Reconoce que los funcionarios han jugado una función clave durante la pandemia del coronavirus y coloca a España como protagonista en muchos apartados, destacando -para bien o para mal- el número de funcionarios, el papel de la mujer en puestos directivos, la evolución del empleo público y también en la edad de estos trabajadores, que mayoritariamente nacieron durante el ‘baby boom’ y están a las puertas de la jubilación.

En un informe de casi 300 páginas, la OCDE destaca que España es el país desarrollado en el que la contratación de empleados públicos es más importante frente a la de trabajadores privados, un aviso de lo que está sucediendo y que supone un espejismo laboral, porque casi todo el empleo que se crea está pagado con el Presupuesto del Estado, el de las comunidades y los ayuntamientos. El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas destaca que el número de funcionarios creció en el peor año del coronavirus en 112.693 efectivos y ya superan los 2,7 millones en todas las administraciones.

Mientras, el sector privado, según refleja la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), perdió durante el año pasado 468.100 ocupados, en un ejercicio en el que además se registró en varios momentos más de 900.000 trabajadores en ERTE, y el sector público creó 149.400 nuevos empleos, un número muy similar al que refleja el Boletín Estadístico, que no tiene en cuenta los ocupados en la empresa pública. También se puede ver esta tendencia en la estadística del primer trimestre de 2021 comparada con la del mismo periodo del año anterior, con un aumento de 131.100 asalariados públicos y un descenso de 623.900 trabajadores privados.

Solo un tercio de los países de la OCDE crearon más empleo público que privado, con España a la cabeza. Pese a todo, según el organismo, nuestro país tiene déficit de funcionarios si la comparamos con los países nórdicos –Noruega, Suecia y Dinamarca– que presentan el doble de trabajadores en este área con respecto a la población trabajadora, en torno al 30%, que España. En cualquier caso, también hay países asiáticos, como Japón y Corea del Sur, que son capaces de dar servicios adecuados a sus ciudadanos con apenas un 8% de funcionarios con respecto al total de empleados.

España también es puntera en la edad de sus funcionarios, pero para mal. La elevada edad de sus efectivos públicos es más que patente en servicios estatales fundamentales de cara al público. Es el caso de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según destaca la organización en su informe ‘Government at a Glance 2021’, en España, la proporción de trabajadores del Gobierno central de 55 años o más aumentó del 35% al 46% desde 2015, lejos de segundo país, Grecia, que pasó de tener un 27% de funcionarios con esa edad, al 37%. Italia es el tercer país en este ránking de edad, en el que Israel y Corea han dado la vuelta reduciendo el porcentaje de trabajadores mayores.

Precisamente la pandemia ha dibujado en España un sector público más envejecido. La Administración central tiene el mayor número de funcionarios con más de 50 años y la cancelación de los procesos selectivos en el año de la Covid ha jugado un papel determinante en su aumento, ya que frenado la entrada de jóvenes opositores para reducir la media de edad en una envejecida Función Pública. Junto a esto, se ha disparado la contratación de interinos y temporales, con un papel suplente que en algunos casos dura décadas.

La Administración General de Estado española (AGE) arrastra un importante problema de falta de efectivos, consecuencia de las crisis económicas, los recortes, las escasas convocatorias y las limitaciones a las tasas de reposición. La pandemia del coronavirus ha complicado aún más la situación con una sobrecarga de trabajo debida al aluvión de ayudas, subsidios y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han tenido que gestionar organismos como el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Seguridad Social ya de por si saturados. Solamente en los últimos diez años la AGE ha perdido un 22% de su plantilla.

El informe de la OCDE aplaude el papel de la mujer en el sector público español. Asegura que desde 2015, su proporción en puestos directivos ha crecido en la mayoría de los países, con la excepciones de apenas cuatro –Francia, México, Polonia y Lituania– en los que descendió ligeramente. España, junto a Eslovaquia y Suecia, ocupa el podio en este apartado, con un crecimiento de 14 puntos. También nuestro país, con Finlandia y Francia, ha logrado el porcentaje mágico del 50% de representación femenina en puestos ministeriales. 

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