800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales

Javier Aráuz, abogado que representa a unos 7.500 afectados, critica que el porcentaje de interinos en fraude de ley en los ayuntamientos se encuentre en torno al 80%. Sus características están claras; desempeñan los servicios que menos quieren sus compañeros, los funcionarios de carrera. «Estos trabajadores están en los puestos clave de la Administración. En los servicios de urgencia de los hospitales públicos de Madrid, prácticamente la totalidad de ellos son interinos, personal que lleva hasta 15 años en estas condiciones. En la docencia, los interinos son enviados a los colegios del extrarradio, la periferia, donde se dan mayores problemas con el alumnado porque en el centro de las ciudades, donde vive la burguesía, priman los funcionarios de carrera. También sucede en las oficinas de los servicios sociales de los consistorios. Al fin y al cabo, es la gente que nos ayuda de forma directa en nuestro día a día, quienes nos solucionan nuestros problemas cotidianos», explica el letrado.

Bajo su punto de vista, estos miles de trabajadores se encuentran en «un régimen propio del siglo XIX, con despido gratuito»; y es que hay casos en los que muchos de ellos se llegan a jubilar en régimen de interinidad, contradiciendo así la directiva europea. «Europa no quiere trabajo precario por dos motivos: implica una inestabilidad laboral brutal y porque conlleva una coacción hacia los afectados». continúa Aráuz.

Él mismo explica cómo debería ser el funcionamiento de la Administración cuando hay vacante un puesto: «Hasta que sale la oposición, lo que hacen es contratar a personal que pasa por un proceso en el que se mide su idoneidad para cubrir esa vacante. El problema es que hay administraciones en las que no se convocan oposiciones desde hace más de 20 años, cuando el plazo máximo para ejecutarla son tres. Por eso reclamamos que todos aquellos que lleven más de tres años en régimen de interinidad se conviertan en funcionarios fijos».

SOMETIDOS AL DESPIDO LIBRE Y GRATUITO.

Parece algo llamativo que el blindaje que tiene un trabajador frente a la empresa privada, demasiado laxo tras las últimas reformas laborales, sea aún menor si se habla de la Administración pública. «Si una empresa te contrata y llevas más de dos años trabajando para ella, directamente pasas a ser fijo, pero aquí hay gente que lleva más de 35 años trabajando para un Ayuntamiento que sigue sometida al despido libre y gratuito, sin poder acceder a la indemnización pertinente que sí tendrías en cualquier corporación privada», remarca el representante legal.

Asimismo, esta no es la única penalización que tienen los miles de interinos de España respecto a otros trabajadores: «Tienen desigualdades retributivas porque no cobran lo mismo que los funcionarios de carrera cuando están realizando el mismo trabajo, hasta hace poco no tenían derecho a excedencias y están totalmente anclados a su plaza, ya que se les niega la posibilidad de ascender de grado o a promocionarse de forma interna; además de que los trienios, el reconocimiento a antigüedad, lo han conseguido gracias a una sentencia de la Unión Europea», comenta Aráuz.

ELLAS, LAS MÁS PERJUDICADAS.

el perfil de los afectados o, mejor dicho, de las afectadas no sorprende a nadie: prácticamente el 70% del personal interino son mujeres que superan los 50 años de edad y que pueden llevar más de 25 en régimen de interinidad, según el propio letrado que se pregunta a dónde van a ir estas personas si se las obliga a introducirse en el mercado laboral actual. «No puede ser que a los trabajadores que llevan decenas de años ayudando a la gente les condenemos a la miseria. Que eso lo hagan las administraciones públicas con nuestro dinero me parece jurídicamente inviable y moralmente reprobable», agrega el defensor.

«Vamos con 20 años de retraso porque es u n dictamen que la UE promulgó en 2001. No entiendo cómo el Gobierno hace esto con una directiva social, que afecta directamente a la vida de las personas y que se ha corroborado en marzo de 2020. Me parece increíble que alguien pueda pensar que no se tenga que llevar a cabo un plan de estabilización del personal. Tenemos unos empleados públicos que están formados, que ya han acreditado su capacidad e edad para esos puestos, así que deberíamos aprovechar la coyuntura. La plantilla actual de funcionarios fijos está envejecida, pues de 3.500.000 funcionarios fijos que hay, un millón y medio se jubilará en un plazo de cinco años», reflexiona el abogado.

Por otro lado, la alternativa es indemnizarlos, «lo que supondría un coste brutal para el Estado porque habría que destinar de forma directa miles de millones de euros, a lo que se sumaría el dinero de sus subsidios porque la mayoría irían al paro. Es decir, el volumen económico que generaría el no estabilizarlos sería absolutamente inabarcable». «Es injusto que ahora se tengan que enfrentar con gente mucho más joven que ellos no tienen tiempo de estudiar la oposición si deben compatibilizarlo con el trabajo y sus familias. Es ilógico que tengan que ganar una oposición para conseguir la plaza que ya tienen y para la que han demostrado capacidad durante 20 años de media», en los propios términos de Aráuz.

EL GOBIERNO SE NIEGA A ESTABILIZARLOS.

Un trabajador para el Principado de Asturias pone rostro a la situación: «Tengo 46 año y llevo como interino 18, los últimos 11 en el mismo puesto. En estos años me he casado y he tenido una hija, y ahora veo cómo en cualquier momento me pueden cesar y obligarme a ganar una oposición para desempeñar el mismo trabajo que llevo haciendo tanto tiempo», enuncia el mismo afectado. En este caso, él ha planteado un pleito con la Administración asturiana por abuso de temporalidad que ya le ha hecho invertir en torno a 2.000€.

«Ni yo ni la mayoría de mis compañeros pudimos acceder a la plaza porque no la ofertaron, aunque existan vacantes. Nuestra principal reclamación es la fijeza, pero también tener los mismos derechos laborales que los demás», concluye este interino que afirma desconocer por qué ni el Gobierno actual ni los anteriores han querido estabilizar a estos 800.000 trabajadores a los que se paga con dinero público.

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