Los funcionarios se revuelven contra una congelación salarial: «No aceptaremos recortes»

El Gobierno contempla congelar el sueldo de los funcionarios el próximo año, una medida que quedaría plasmada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería tener listo este mismo mes de septiembre.

Esta decisión, ha sido descartada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero la vicepresidenta tercera, la responsable económica Nadia Calviño, sí ha abierto la puerta a esa congelación, al recordar que tanto los funcionarios como los pensionistas «han ganado poder adquisitivo en estos últimos años».

«Las medidas que hemos puesto en marcha están siendo positivas para proteger a empresas y trabajadores, pero tienen un alto coste desde el punto de vista fiscal. Funcionarios y pensionistas son colectivos importantes para que la economía se recupere. Ahora mismo estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores, pero el objetivo principal es impulsar el crecimiento económico y crear empleo», ha expuesto la ministra de Asuntos económicos y Transformación digital.

Calvo se ha inclinado hacia mantener las subidas, vinculadas a día de hoy al IPC: «No, no está en la mesa el congelar el sueldo de los funcionarios. Lo que hay es una propuesta de Presupuestos que quiere contar con el apoyo de todos los partidos políticos. Necesitamos unos presupuestos porque va a llegar la ayuda de la UE y necesitamos combinar, combinar, con nuestras cuentas».

El sindicato CSIF ha reaccionado de manera tajante esta misma mañana de jueves. «No aceptaremos recortes: arrastramos una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010». El sindicato más representativo en las administraciones públicas cree que los empleados públicos, «las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda«. Por ello, este sindicato ha anunciado que hoy mismo pedirá abrir «ya una negociación» al Ministerio de Política territorial y Función pública que lidera Carolina Darias.

El apunte de Calviño sobre cómo los funcionarios «han ganado poder adquisitivo» hace referencia a la mejora de sus salarios desde 2018, después de años de recortes y contención, mientras la inflación se muestra atenuada, con un IPC negativo como consecuencia del impacto del coronavirus.

RECORTE Y POSTERIOR RECUPERACIÓN

La anterior crisis financiera, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, llevó a una reducción salarial de entre el 5% y el 7% para los funcionarios, un nivel descendido que se mantuvo los años siguientes, ya con Mariano Rajoy, que llevó a retirarles la paga extra de Navidad. Ya en 2018, el PP acordó con los representantes de los trabajadores una recuperación salarial desde entonces hasta 2020, decisión que se encuadró en los intentos de ese Ejecutivo por acercar al PNV para su respaldo a los Presupuestos, a día de hoy todavía vigentes.

Ese año, el salario de los funcionarios se incrementó un 1,7%, de manera equiparada al coste de la vida, pero desde entonces la inflación ha bajado y el poder adquisitivo de los funcionarios ha superado holgadamente el dato del IPC: en 2019, registraron un incremento de entre el 2,5% y el 2,75%, muy por encima del 0,7% de subida del coste de la vida. Para este año, marcado por el coronavirus, la mejora de sueldo planteada para los funcionarios se cifraba entre el 2%, y el 2,3%.

Desde CCOO, se considera que, aún a día de hoy, «el Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado». Francisco García, coordinador de Área pública de ese sindicato, ahonda en esa postura: «El Gobierno así devalúa el diálogo social. Tenemos todavía pendiente hablar del marco retributivo, pero también de la calidad del trabajo público, por su temporalidad. Hacen falta empleados en Sanidad, Educación… Faltan profesores para acercarnos al objetivo de 20 alumnos por clase. Los empleados públicos son la mejor garantía para que el ciudadano esté protegido».

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